Durante la concentración se dio lectura a un comunicado que fue leído por los portavoces de las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes: María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI); Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El manifiesto asegura que la protesta “no es contra el poder ejecutivo” y tampoco “contra el Poder Legislativo: es un acto a favor del Poder Judicial. Estamos aquí para defender lo de todos”.

Los convocantes recordaron que la Constitución de 1978 implantó en España el Estado de derecho basado en el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de “toda injerencia política”, que es “clave para hablar de una democracia real”.

"RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA"

Entienden los convocantes que los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal “no responden a demanda social alguna” y se tramitan por el procedimiento de urgencia “sin ninguna razón para ello”.

A su entender, estos proyectos rebajarán la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, introduciendo pruebas “más subjetivas y susceptibles de filtración”.

Critican también el intento de crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, “con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país”. Además, se convertirá a 1.000 jueces y fiscales sustitutos en jueces y fiscales cuando acumulen cinco años de experiencia, violentando “los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”.