En declaraciones a Servimedia, el presidente de la Federación Estatal de Gestión de Asociaciones de Jueces de Paz y juez de paz del municipio guipuzcoano de Hernani, Donato Larrañaga, dijo que la propuesta del CGPJ es positiva, pero se quejó de que el Ministerio de Justicia y el CGPJ no les hayan convocado, como al resto de los colectivos implicados en la Administración de Justicia, para conocer sus propuestas y recoger sus aportaciones "de primera mano".

Admitió la posibilidad de que los juzgados de paz se hagan cargo de un millón de causas leves, pero pidió para ello más formación para el colectivo y que se modifique el procedimiento de selección de jueces de paz, porque "no estamos de acuerdo con el capricho del grupo político del momento".

EN EL CGPJ

El presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Justicia de Paz y Proximidad, Francisco Lasheras, reclamó también que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, les reciba y escuche sus inquietudes, y fue más allá, al pedir un puesto de vocal en el CGPJ que represente a los jueces de paz.

Lasheras recordó que la propuesta del CGPJ no es "algo nuevo" y señaló que su federación dispone de un documento en el que, entre otras cosas, piden que se varíe el procedimiento de selección de jueces de paz, para evitar "injerencias y antojos" políticos.

Además, según Lasheras, el perfil de un juez de paz debería requerir una mayor formación que la actual, que sea licenciado en Derecho o que se elija a aquellos que lleven más de ocho años ejerciendo esta tarea.

Los jueces de paz, en la actualidad, tienen jurisdicción en litigios de faltas de menor entidad que se producen en municipios o ciudades en los que no existe un juzgado de instrucción. En ciudades de más de 25.000 habitantes cobran poco más de 1.000 euros al trimestre y en los municipios muy pequeños rondan los 200 o 300 euros al trimestre.

Algunos de éstos tienen una escasa formación y no pocos están jubilados, por lo que el cargo tradicionalmente se relaciona, en el ámbito rural, con una "consideración de honor". En ocasiones, según reconocen las asociaciones, el cargo está a merced del "capricho" del alcalde de turno o del partido político que gobierna en el municipio, y eso es lo que quieren las asociaciones que "desaparezca".