Según los autos dictados este lunes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, estas medidas se adoptan a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, después de tomarles declaración como investigados por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos de obra pública.

El magistrado atribuye a ambos investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en relación con la presunta manipulación de procesos de contratación en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.

Los autos señalan que estas actuaciones se habrían llevado a cabo presuntamente en favor de las constructoras Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR) a cambio de contraprestaciones económicas para el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

CONTRATOS BAJO SOSPECHA

En el caso de Pardo de Vera, el juez detalla su presunta participación en adjudicaciones irregulares, como la del proyecto de construcción de la línea de alta velocidad en Extremadura y la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat por 71,5 millones.

La investigación revela conversaciones entre Koldo García y la expresidenta de ADIF sobre resultados de licitaciones, como una en la que él muestra su descontento porque Acciona no resultó adjudicataria de una obra, señalando que eso "nos ha jodido un poco".

También se investiga su papel en la contratación de la expareja de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde presuntamente no realizó actividad laboral alguna pese a percibir salario durante dos años y medio.

ADJUDICACIONES SOSPECHOSAS

Respecto a Javier Herrero, los indicios apuntan a su intervención en adjudicaciones como la autovía A-68 en Logroño y el Puente del Centenario de Sevilla por 71,4 millones para Acciona, además de obras para OPR en Asturias y para LIC en Teruel.

El juez destaca mensajes reveladores como uno en el que Herrero escribe a Koldo García "Bingo!!! En Logroño" el día que se abrieron las ofertas económicas de una obra que acabó adjudicada a una UTE liderada por Acciona.

MEDIDAS CAUTELARES

El magistrado justifica las medidas cautelares al considerar que existen indicios suficientes de criminalidad, aunque no aprecia riesgo de fuga que justifique la prisión provisional solicitada inicialmente por Fiscalía.

Los investigados deberán comparecer ante el juzgado cuando sean requeridos y comunicar cualquier cambio de domicilio, advirtiendo que el incumplimiento de estas obligaciones podría suponer su entrada en prisión provisional.

La resolución puede ser recurrida en reforma ante el mismo juzgado en tres días o en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días.