A través de un auto, Grande-Marlaska acuerda, "por mandato de la superioridad", dar un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones ejercidas por los familiares de las víctimas para que "formulen escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa".

Esta misma mañana, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordenó al juez reabrir la investigación sobre la identificación errónea de los cadáveres -que archivó en noviembre de 2007-, al entender que la posible responsabilidad penal de los militares sólo puede resolverse en un juicio.

En esta causa están imputados el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, los militares que integraron el equipo médico que llevó a cabo la identificación de los cadáveres y emitió los correspondientes certificados de defunción.

Grande-Marlaska señala que los hechos imputados a estos militares pueden ser constitutivos de un delito de falsificación de documento público, "sin perjuicio de otras calificaciones alternativas como la comisión del mismo mediante imprudencia grave".

Tras el accidente del Yakovlev-42 en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, siniestro en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, el equipo de médicos militares desplazados al lugar del accidente por el Ministerio de Defensa erró la identificación de 30 cadáveres.