En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la apertura de juicio oral respecto de un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de dieciséis personas jurídicas.

El magistrado declara a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa.

El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.