En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la apertura de juicio oral respecto de un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de dieciséis personas jurídicas.

El magistrado declara a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa.

El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

22 AÑOS DE PRISIÓN

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 22 años de cárcel por el caso de presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El fiscal José Grinda pide 21 años y diez meses de prisión para el extesorero de la formación Andreu Viloca por delito de organización criminal, delito continuado de fraude a la administración pública, delito continuado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Para el exconsejero de Justicia y exgerente de CDC Germà Gordó pide 18 años y diez meses de cárcel y una multa de 4,6 millones de euros (siete años por organización criminal, dos años y seis meses de prisión por fraude en administración pública, tres años de prisión por corrupción entre particulares, un año y 10 meses de prisión por tráfico de influencias, y cuatro años y seis meses por blanqueo de capitales). Además, reclama una multa de tres millones de euros a CDC, o en su caso a su sustituto, el PDeCat, por blanqueo de capitales.

El Ministerio Público coloca en la cúspide la organización corrupta para financiar a CDC a Gordò, que en su época de secretario de Gobierno de la Generalitat era la persona que controlaba cómo entraba el dinero y orientaba las adjudicaciones con un estricto “control y seguimiento” de las obras públicas.

El escrito de acusación, al que tuvo acceso Servimedia, señala también a Francesc Sánchez, exsecretario económico de CDC, como gestor de estas partidas a partir del año 2011. El fiscal pide par él tan sólo un año de prisión por su colaboración en el esclarecimiento de la trama, y pese a acusarle de cinco delitos pide una pena menor, sustituyendo las penas de prisión por trabajos para la comunidad.

En una situación similar se encuentra el extesorero de CDC Daniel Osàcar, ya condenado en el caso del Palau de la Música. En esa sentencia, el tribunal condenó a CDC a devolver seis millones a la institución, pero el dinero nunca volvió al Palau porque CDC se disolvió para convertirse en PDeCat.

30 ACUSADOS

En el escrito, de 210 páginas, el fiscal José Grinda acusa a un total de 30 personas de financiar de manera ilegal a CDC entre los años 2008 y 2015 en “connivencia con cargos públicos y funcionarios" para financiar “ilegalmente y de forma encubierta” a la formación.

Según Grinda “se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, y por la otra, de transformación de este dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito. Era un sistema superpuesto y complementaria en el llamado caso Palau”.

Entre los acusados hay 14 empresas acusadas como responsables jurídicas: Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructora, Constructora Pirenaica, TEC-Cuatro: Oproler Obras y Proyectos, Ayesa Ingeniería y Servicios, Impulsa Ortiz, Certis Obras y Servicios, Pasquina, Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos y Construcciones Deco.

La Fiscalía defiende que Germà Gordó era el responsable de llevar “el control y seguimiento de las licitaciones de las obras y servicios ofrecidos por diferentes administraciones del ámbito catalán” en ayuntamientos, diputaciones y municipios, o en organismos dependientes de la Generalitat. Y explica que su sistema de adjudicaciones “permitía un grado formal de discrecionalidad, que, en realidad, encubría la arbitrariedad".

Así, Gordó fue durante varios años uno de los contactos de los contratistas con la Administración Pública catalana. “Dicho contacto, además de haberse realizado al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán, fue dirigido al beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenecía, objetivos ambos opuestos al bien público”.

Andreu Viloca y Daniel Osàcar eran, según Anticorrupción, los que dictaban cómo se debían hacer las donaciones. A Viloca lo sitúa como la persona que controlaba en primera instancia “los pagos encubiertos” que acababan en las cuentas de CDC bajo la apariencia de donaciones a sus “fundaciones vinculadas”. En esa etapa el presidente de CDC era Artur Mas, exculpado por todos los acusados en esta causa.