Esta decisión implica que el juez no ha encontrado indicios delictivos para mantenerla como imputada. González compareció por más de una hora ante el juez y respondió tanto a las preguntas del instructor como a las de su abogado. Posteriormente, abandonó las dependencias de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) por la puerta principal a las 18.45 de la tarde.

En su comparecencia de una media hora, la secretaria general de Presidencia se ha desvinculado tanto de la contratación de la asesora de Begoña Gómez como de los posibles controles sobre su actividad profesional, asegurando que Cristina Álvarez no dependía orgánicamente de ella y no tenía por qué vigilar sus funciones. Añadió, además, que ni siquiera trabajan en el mismo edificio del complejo presidencial.

González era la quinta persona investigada en este procedimiento, junto a Begoña Gómez, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando González asumió ese puesto.

Tras ella, el instructor pasó a tomar declaración a los tres testigos que también estaban citados este domingo. El primero de ellos en comparecer fue Diego de Alcázar, presidente del Instituto de Empresa, quien dijo al salir de los juzgados que “todo” había “ido bien”.

El Instituto de Empresa contrató a Gómez como directora del organismo África Center en agosto de 2018, tres meses después de que Sánchez fuera nombrado presidente del Ejecutivo. La esposa del presidente estuvo en el cargo hasta junio de 2022.

Diego de Alcázar repite comparecencia ante el juez Peinado. En su primera declaración dijo al instructor que la contratación de la mujer del presidente del Gobierno como directora del África Center en 2018 se acordó porque su currículum era el adecuado, argumento que repitió este domingo.

Alcázar respondió a todas las preguntas que le han planteado las acusaciones y aseguró que no hubo ningún correo entre el Instituto de Empresa y Cristina Álvarez durante los cuatro años que Begoña Gómez estuvo vinculada a este organismo.

GOOGLE

En segundo lugar, compareció el jefe de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google, Miguel Escassi. Su empresa desarrolló el software para la cátedra universitaria de la esposa de Sánchez.

Las acusaciones tienen la mirada puesta en él porque le consideran afín al PSOE. Fue asesor de la exministra Teresa Ribera y acudió a un acto de partido en el que coincidió con Begoña Gómez y con el ministro de Justicia, Felix Bolaños, meses antes de que Google financiara la plataforma del máster.

El juez le citó tras analizar los correos del exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, con Begoña Gómez y su asesora. Se cruzaron comunicaciones en las que se hacía referencia a la oferta hecha a Google para que participara en la cátedra para "multiplicar las economías transformadoras, desde la estrategia de las compañías".

La colaboración que se le ofrecía implicaba una aportación económica anual de 40.000 euros que permitiría a Google “intervenir en el desarrollo de la plataforma". Cuatro meses después, el informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge que el exvicerrector de la Universidad Complutense le remitió a Cristina Álvarez la respuesta del gigante tecnológico que se mostraba dispuesto a “la firma del acuerdo”.

Escassi compareció también por segunda vez ante el juez Peinado para responder sobre esas gestiones. En mayo, tras su primera declaración y la de otros directivos de la compañía, la tecnológica indicó que su colaboración para desarrollar el software de la cátedra formaba parte de sus "continuos esfuerzos para apoyar la transformación digital de España". Google tiene activos 150 proyectos con universidades e instituciones puestos en marcha durante los últimos cinco años.

MÁS PRESUPUESTO

Al frente del proyecto estuvieron Miguel Rodríguez Bueno y Miguel Escassi, que con el tiempo se dieron cuenta de que el desarrollo del software era “más complejo” de lo previsto en un primer momento y ampliaron el presupuesto en 70.000 euros para poder entregarlo en plazo. En total, Google destinó 110.000 euros.

En su declaración de este domingo, reiteró que el proyecto de la cátedra codirigida por Begoña Gómez estaba en línea con los intereses de la compañía tecnológica y desvinculó el acuerdo de colaboración de cualquier otro condicionante.

El juez también tomó declaración por segunda vez al exvicerrector de Relaciones Institucionales de La Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio, que era la persona que estaba en contacto con Gómez y su asesora. A su salida del juzgado número 41 de Madrid, se declaró “satisfecho” con la comparecencia y no quiso decir “nada” porque revelar lo ocurrido en sede judicial “es ir contra la ley”.

Doadrio fue requerido por el juez el pasado mes de septiembre para que entregara todos los correos de que dispusiera y que hubiera intercambiado con la asesora Cristina Álvarez, de la que el instructor sospecha que realizaba labores relacionadas con la actividad profesional de Gómez.