El magistrado exige la comparecencia personal de la esposa del presidente y que comunique al juzgado si tiene algún pasaporte adicional, ya sea diplomático o de otra nacionalidad, que también deberá entregar.

Peinado cita también para ese mismo día a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. El instructor las acusa de delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También está investigado en esta causa el empresario Juna Carlos Barrabés, al que atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Como medidas cautelares el juez impuso a Gómez y Álvarez la retirada del pasaporte, con la prohibición de salir del territorio nacional, y la comparecencia periódica en el juzgado cada 15 días. El juez aprecia riesgo de fuga y señala que los escoltas que la acompañan podrían colaborar en eventual fuga o recibir órdenes para hacerlo.

Esta afirmación ha generado malestar tanto en el Gobierno como entre los sindicatos de Policía, lo que ha motivado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pida que se investigue a Peinado por la autoridad disciplinaria, que decidirá si ha cometido una infracción grave.