Así se recoge en el auto de 84 páginas firmado este sábado por el juez de instrucción de Madrid, que acordó esta mañana retirarle el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, prohibirle la salida de territorio nacional y obligarla a comparecer cada 15 días en los juzgados de Plaza Castilla.

El magistrado rebate las alegaciones formuladas por la defensa de Begoña Gómez para aceptar las medidas cautelares de la acusación particular unificada, liderada por la asociación Hazte Oír.

La letrada que defiende al presidente del Gobierno explicó ante el juez que, dada la condición de Begoña Gómez de esposa del actual presidente del Gobierno, “ello implica que en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado”.

Peinado le replica ahora en el auto que, de “lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la Justicia”.

“Además”, Peinado ve “trascendente” recordar que “la condición de actual presidente del Gobierno de su esposo es algo efímero y, por tanto, transitorio”, por lo que “esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”.

Por esa razón, el juez acuerda que las medidas cautelares se prolonguen “durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme”.

Peinado sostiene que “el abanico punitivo de penas privativas de libertad, que pudiera serle aplicado a las acusadas” –de entre dos y 16 años de cárcel– puede incitar a Begoña Gómez a “eludir la acción de la Justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga que se trata de evitar con la adopción de una medida cautelar”.

Esto es porque, incluso en “el escenario más favorable” en caso de ser condenada, tendría la “imposibilidad de aplicar una suspensión de la ejecución de la supuesta pena privativa de libertad, dando lugar a un ingreso en un establecimiento penitenciario”. A su juicio, esto puede llevar a Begoña Gómez a fugarse del país.