El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no solicitó prisión provisional para él al considerar que no han cambiado las circunstancias desde que el pasado mes de junio se le impusieron comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y la prohibición de su salida del territorio nacional.

A su entender, no hay elementos que hagan pensar en un aumento del riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, por lo que defendió el mantenimiento de las cautelares actualmente en vigor.

El exministro, que estuvo durante tres cuartos de hora ante el magistrado, se acogió a su derecho a no declarar y dijo al juez Leopoldo Puente que se encuentra en “situación de indefensión”. Cuando intentó explicar por qué, el magistrado le espetó: “Esto no es el Congreso”, y le preguntó si iba a declarar o no.

Según fuentes jurídicas, también su abogado, José Aníbal Álvarez, intervino para advertir al magistrado de que esta declaración podría resulta nula, ya que el investigado había renunciado a su defensa.

Durante la vistilla de medidas cautelares, el abogado del Partido Popular que ejerce la dirección letrada de la acusación, Alberto Durán, pidió prisión provisional para el exministro o, en su caso, que se le imponga una fianza de 650.000 euros, cifra basada en el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que habla del uso por Ábalos de importantes cantidades en metálico de las que no se conoce la procedencia.

RUPTURA

Ábalos comunicó el pasado lunes al Supremo que renunciaba a su abogado, José Aníbal Álvarez, por “diferencias irreconducibles” que no constituían “una circunstancia puntual en el tiempo”, sino “constante” que le habría obligado a preparar su declaración si su ayuda.

Las diferencias con su abogado se derivan de que el letrado era partidario de que el exministro comenzara a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y renunciara a su acta de diputado para que la causa pasara a la Audiencia Nacional.

En vísperas de su cita en el Supremo, Ábalos pidió a Puente que le designara un abogado de oficio. El instructor lo rechazó de forma tajante y en un durísimo auto dijo que veía en este movimiento un intento de eludir la comparecencia con una iniciativa en “fraude de ley”.

De hecho, el propio Ábalos dijo al juez que la renuncia a la defensa de Aníbal Álvarez no es “un fraude de ley” como dijo el instructor en su auto, y aseguró que el verdadero fraude de ley habría sido dejar el acta de diputado.

EN TAXI Y SOLO

Ábalos llegó al Tribunal Supremo a las 9.15 de la mañana a bordo de un taxi procedente del Congreso de los Diputados, donde se le vio a primera hora. Bajó sonriente del vehículo y en solitario. Su abogado, Aníbal Álvarez, acudió 20 minutos más tarde para representar al exministro por expreso mandato del instructor, que no autorizó la renuncia a su defensa.

Coincidiendo con la declaración de Ábalos, la defensa de Koldo García pidió en el Tribunal Supremo la nulidad de parte de las investigaciones que lleva a cabo el juez Leopoldo Puente por entender que el Congreso sólo autorizó las pesquisas relativas a los contratos de mascarillas durante la pandemia y que se está violando la inmunidad que le arropa como diputado. El exasesor está citado a declarar mañana jueves.

Es la cuarta vez que Ábalos comparece en el TS. La causa se inició hace un año por los presuntos amaños de contratos para la compra de material sanitario en pandemia para adjudicárselos a empresas vinculadas a Víctor de Aldama.

Desde entonces, la causa se ha ido ampliando hasta extenderse a la investigación de una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública que se estudia en una pieza separada. La declaración de este miércoles se produce después de que el instructor recibiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos, que indica que el exministro dispuso de más de 95.000 euros en efectivo, que presuntamente gestionaban Koldo García y su exesposa, Patricia Uriz, para él.

El informe indica que Koldo se encargaba de diversos gastos del exministro, incluido el pago de la “pensión alimenticia de uno de sus hijos”, llegando a suma un “importe verdaderamente significativo” del que no se ha encontrado justificación en “ingresos regulares”.

La UCO indica en su informe que Ábalos dispuso de un total de 95.437 euros en metálico de los que no consta justificación bancaria. Además, señala que el PSOE pagó a Ábalos en metálico. Parte de esos pagos han sido justificados por el partido como compensación por gastos de su actividad política.

Según los investigadores, Koldo y su exmujer tenían claves para hablar de los pagos a Ábalos por WdhatsApp de manera que citaban los billes de 500 euros como “chistorras”, los de 200 euros como “soles” y los de 100 euros como “lechugas”.