Según un auto fechado este miércoles, la magistrada acuerda "tener por personada y parte en el presente procedimiento a la Abogacía del Estado, en calidad de acusación particular" y ordena que se le dé traslado de las actuaciones.

La resolución responde al escrito presentado por la abogada del Estado jefe, que solicitó personarse tanto en las diligencias previas como en la pieza separada secreta.

La jueza atiende la petición, aunque con matices. Sostiene que la condición de perjudicado concurre "sin duda" en el propio Estado español. A su juicio, los hechos investigados pudieran integrar un ataque no solo a "la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado", sino también a "su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de derecho".

VÍCTIMAS: CIUDADANOS Y PAÍS

El auto subraya que las conductas investigadas no han tenido "como víctima directa e inmediata" únicamente a la Ciudad de Ceuta y a sus habitantes, "en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes", sino "al propio Reino de España". Esa doble condición de perjudicado es la que abre la puerta a la acusación del Estado.

La magistrada apoya su decisión en el artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a las víctimas que no hayan renunciado a su derecho ejercer la acción penal "en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito", si bien esa incorporación tardía no permite "retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación".

La resolución cita también el artículo 109 del mismo texto legal, que obliga a informar a la persona ofendida o perjudicada del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y para renunciar o no a la reparación del daño. Y recuerda que el artículo 281 exime al Estado de prestar fianza para ejercitar la acción penal.

La jueza recuerda que un auto del pasado 7 de septiembre aceptó la competencia de este órgano judicial para instruir las conductas presuntamente delictivas derivadas de "la entrada masiva irregular de inmigrantes procedentes del territorio de Marruecos" en la ciudad autónoma de Ceuta. La causa se sigue por un delito contra la paz e independencia del Estado.

PIEZA SECRETA

La instructora precisa que la personación se produce en calidad de parte del procedimiento, "sin que quepa una personación expresa e individualizada" respecto de la pieza separada de diligencias de investigación reservada. Esa pieza, aclara, no es sino "una pieza instrumental" cuya única finalidad es ordenar y facilitar la preservación del secreto de las actuaciones.

El auto advierte además de que la declaración de secreto, amparada en los artículos 301 y 302 de la ley procesal, afecta a "todas las partes personadas" mientras esté vigente. Es decir, tampoco la Abogacía del Estado podrá conocer ni intervenir en el desarrollo de las diligencias declaradas confidenciales por la magistrada mientras dure esa reserva.

Sobre la petición de remisión de los autos, la resolución señala que, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el traslado de las actuaciones debe hacerse por medio del expediente digital. El acceso se dará a las partes personadas tras las gestiones de ordenación pertinentes.

La causa se abrió tras una denuncia del partido Iustitia Europa y acumula ya varias diligencias de investigación. La magistrada ha reclamado informes a la Guardia Civil y a la Policía Nacional sobre el dispositivo desplegado en la ciudad autónoma, las operaciones de rescate y los avisos que las unidades hubieran podido recibir en los días previos a los hechos.