En el auto, la magistrada acuerda, a petición de una acusación particular y la acusación popular que ejerce Compromís, la identificación de dichos empleados y su posterior citación.

Y es que considera necesario comprobar si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. De hecho, considera que "hay un hecho indiscutible, la voluntad" de Pradas de "mantener contacto con el Presidente de la Generalitat".

Al mismo tiempo, valora para la citación "la posibilidad de que dicho chófer o escoltas pudieran oír al President de la Generalitat al comunicarse telefónicamente con la entonces Consellera de Justicia e Interior o los comentarios que el President pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones". Algo que ve "perfectamente posible y hace plenamente necesaria dicha prueba".

La instructora de la causa entiende que son extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió ese mismo día con Mazón.