Tres días más tarde, el 12 de enero, la magistrada fija el careo que acordó entre la exconsejera de Emergencias investigada, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, que era jefe del Gabinete del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La jueza de Catarroja acordó llamar como testigo al líder del PP en respuesta a una petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. Además, ofreció al líder popular la posibilidad de que entregue voluntariamente los mensajes de WhatsApp que intercambió con el expresidente valenciano Carlos Mazón.

Su citación se justifica porque este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consejera Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".

La magistrada recordaba en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón. Así, señala, si en ese caso se partía de una carta abierta de la citada periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el sr. Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó el sr. Núñez Feijóo: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real’".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ya aseguró este martes que Núñez Feijóo, “cumplirá” con la jueza y entregará sus mensajes de WhatsApp con Carlos Mazón. El líder del PP, dijo, “está a lo que diga la Justicia y colaborará”.

Además, la jueza acordó el pasado martes estimar la petición de la acusación ejercida por Acció Cultural del País Valencià y celebrar un careo entre la exconsejera y el que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón, que ya declaró como testigo, José Manuel Cuenca.

En el escrito presentado en la causa, la acusación sostenía que en la declaración como testigo de Cuenca se pudo constatar “la existencia de graves inexactitudes” que contradicen “las tajantes manifestaciones” realizadas públicamente por Pradas, que figura como investigada.

La petición consideraba “especialmente relevante” la discrepancia sobre si el exalto cargo comunicó a la entonces consejera que “no debía molestar al presidente” y que toda la información debía canalizarse a través de él, una afirmación que el propio testigo negó ante la jueza instructora.

El auto de la jueza señala que para “dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación”.