La jueza dictó este lunes, a sólo dos días del primer aniversario de la dana, un total de siete autos, una providencia y una diligencia de ordenación. Todas estas resoluciones han sido notificadas este lunes a las partes.

La solicitud a Les Corts se produce antes de la testifical de la periodista Maribel Vilaplana, que fue la persona que comió con el jefe del Consell ese día. Su comparecencia fue ordenada la pasada semana en un auto por la Audiencia de Valencia, a cuyo contenido alude la instructora. "El listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público" y “relevante”, razona la jueza.

Otros dos autos resuelven desestimar las peticiones de aclaración de una acusación particular expulsada del procedimiento respecto de dos autos previos, de fecha 13 y 20 de octubre.

Una cuarta resolución deniega la solicitud de diligencias realizada por otra acusación particular, que pretendía requerir a las administraciones central y autonómica documentación sobre zonas inundables de la provincia de Valencia.

El quinto auto atribuye a un denunciante la condición de actor civil en el procedimiento por las lesiones que sufrió al intentar rescatar a su padre en una vivienda de Cheste el 29 de octubre de 2024, aunque rechaza sumar por ello un nuevo delito de lesiones imprudentes atribuido a los dos investigados.

El sexto auto acuerda, a instancias de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, unir a la causa documentación aportada por la Dirección General de Dependencia y Personas Mayores de la Generalitat.

Asimismo, ordena a una empresa de teleasistencia que conserve las grabaciones de llamadas y comunicaciones con fallecidos por la dana que eran usuarios del servicio de teleasistencia y remita al órgano judicial para incorporar a la investigación, previo consentimiento de sus familiares, las relativas a seis víctimas mortales.

Finalmente, el séptimo auto rechaza las diligencias solicitadas por el ex secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa sobre una comunicación enviada el 29 de octubre de 2024 por la Dirección General de Medio Natural y Animal a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (Avsre).

Por otro lado, ya en la providencia, entre otras cosas, la magistrada requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise) para que manifieste si existen otras grabaciones del día 29 de octubre de 2024 y reclama otra vez a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias para que remita los vídeos originales correspondientes a las grabaciones ya aportadas.

Finalmente, la diligencia de ordenación suscrita por la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) establece que no ha lugar a la suspensión de las declaraciones testificales previstas para el próximo 3 de noviembre y 20 de enero de 2026, dada la complejidad de la causa, en la que figuran 184 acusaciones particulares y 13 acusaciones populares personadas.