La magistrada se acoge al auto de la Audiencia de Valencia que le ordenó tomar declaración a la periodista en relación con lo que podría haber escuchado lo que "el presidente de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces Consellera de Justicia e Interior, o bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones".

Según declaró Vilaplana, Mazón se apartaba para hablar y no podía escuchar el detalle de las conversaciones del jefe del Consell, por las dimensiones de la sala. Sin embrago, según el propietario del restaurante, que también declaró como testigo, la sala tenía unas dimensiones reducidas.

Han sido las acusaciones populares que ejercen Ciudadanos y Compromís las que han pedido que se soliciten las dimensiones del reservado y una fotografía del mismo para comprobar si existía la posibilidad de escuchar una conversación o no. La magistrada señala que “dado que la fotografía por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala, es preciso que se facilite por el titular del restaurante las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida".

La factura de la comida ha sido solicitada por el letrado de Accció Cultural del País valencià, por la representación de la Associación Víctimas de la dana 29 de octubre, y por una acusación particular. La jueza entiende que esa información "acreditaría de manera objetiva el hecho mismo de la comida en el expresado establecimiento, así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales".

Ruiz Tobarra dice en un auto que "de la extensión de dicho ágape, que se inferirá de la factura y comanda, permite determinar la sucesión temporal de los testigos: la periodista, el propietario del Ventorro, los escoltas y el chófer de Mazón. En el caso de los primeros, la posibilidad de que oyeran algo en la prolongada estancia en el restaurante, cerca de cuatro horas, es diferente según las distintas fases de la comida y estancia en el local".