El escrito de acusación refleja que F. L. G. comenzó a trabajar el 18 de julio de 2011 con contrato indefinido en el despacho de procuradores Montero Procuradores Asociados Madrid S. C. P. y después, “sin solución de continuidad”, para el despacho Montero & Segura Procuradores hasta el 13 de junio de 2018.

Durante ese periodo de tiempo, “al ser responsable de la contabilidad y finanzas de las sociedades y gozando de la confianza de los procuradores”, le fueron entregadas en depósito diversas tarjetas de crédito asociadas a distintas cuentas bancarias cuyo objeto era atender los gastos de la actividad diaria de la procuraduría y para realizar los pagos que fueran precisos en la labor que para la empresa desempeñaba. De ahí que tuviera acceso a las cuentas en los distintos bancos y, concretamente, de Caixabank, S.A., Bankia, S.A., BBVA, S.A. y Santander S.A. “debiendo dar cuenta mensual de las distintas operaciones que con los mismos llevaba a cabo”.

Sin embargo, la acusada, “aprovechando la confianza que los titulares del despacho habían depositado en ella”, desde el año 2013 hasta la fecha de su despido dispuso de las cuentas corrientes y tarjetas de crédito del despacho para realizar gastos particulares “para los que no estaba autorizada”. Concretamente, según explica la Fiscalía, hizo frente a pagos propios de gimnasio, estética, cuota de hipoteca o cirugía plástica. Para ello, incluso, dispuso incluso de dinero en efectivo, “y todo ello para engrosar su patrimonio”.

En total gastó 40.307 euros en pagar la hipoteca y los gastos de comunidad, 1.305 euros en formación, 7.311 en un entrenador personal, 2.520 euros en pagar el gimnasio, 8.122 en cirugía plástica, 4.953 euros en tratamientos estéticos, 2.692 euros en taxis y aparcamiento y 800 euros en disposiciones en efectivo, entre otros gastos.