El gobierno autonómico asegura que además de "la profunda conmoción social y los daños personales mencionados, el accidente ha ocasionado un perjuicio relevante para la Junta de Andalucía, que tuvo que llevar a cabo una serie de actuaciones extraordinarias por parte de múltiples organismos de la Administración autonómica, motivadas por la necesidad de atender la emergencia, apoyar a las familias afectadas y garantizar la continuidad de servicios esenciales".

Insiste, además, en que las "medidas extraordinarias, urgentes y directamente originadas por el accidente ferroviario" supusieron una respuesta de “gran impacto social, judicial, sanitario y asistencial, que ha supuesto unos gastos considerables, que no estaban previstos".

El ejecutivo andaluz recuerda también la "importante pérdida económica derivada del lucro cesante por los ingresos no generados" en el sector turístico andaluz durante el primer cuatrimestre de 2026 con motivo de la crisis ferroviaria.

En ese sentido, la Junta augura que esta situación tendrá un impacto negativo en el PIB regional, "comprometiendo considerablemente el pilar económico en Andalucía, ya que el turismo representa cerca del 12% del PIB andaluz".