La dotación inicial de las ayudas se establece en 600.000 euros, aunque se podrá ampliar en función de la valoración final de las consecuencias.

De acuerdo con esta decisión, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), se hará cargo de las intervenciones de reparación y reposición en aquellas naves y viviendas dañadas que quedan fuera tanto de la cobertura prevista por el Gobierno central para situaciones de emergencia como de la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda.