Esta ley define la mediación familiar como la intervención profesional realizada en los conflictos familiares por una persona mediadora cualificada, neutral e imparcial, con el fin de crear entre las partes en conflicto un marco de comunicación que les facilite gestionar sus problemas de forma no contenciosa.

Este proyecto fue aprobado por la Junta de Castilla y León el 23 de diciembre de 2004 y publicado en el Boletín de las Cortes el 14 de febrero de 2005. Tras la presentación de enmiendas y su debate en comisión, el proyecto ha sido completado con las aportaciones de los distintos grupos políticos.

La Junta de Castilla y León quiere dar su apoyo en caso de ruptura familiar a través de la mediación familiar como instrumento para la búsqueda de soluciones y acuerdos en los conflictos familiares.

La mediación persigue aminorar las consecuencias negativas de una ruptura, evitar la apertura de procedimientos judiciales de carácter contencioso, poner fin a los ya iniciados o reducir su alcance, generar acuerdos entre las partes que sean estables en el tiempo y garantizar mejor las responsabilidades parentales en los procesos de ruptura.