Según informó la JEC, este pronunciamiento es respuesta a un informe que le remitió el Ministerio de Justicia, en concreto la Subdirección General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal.

Justicia trasladó a la JEC, el pasado 9 de marzo, un dictamen de la Abogacía del Estado “respecto a la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia y sus funciones como secretarios de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona”.

El departamento de Pilar Llop remitió este informe para prever las consecuencias que podría tener que los LAJ siguieran con su huelga indefinida el 28-M, ya que tienen un papel en la certificación de los resultados electorales.

DEBER “INELUDIBLE”

A este respecto, la JEC concluye que “en materia electoral no hay servicios mínimos, son todos esenciales” y que las personas que toman parte en la organización de unos comicios lo hacen en “cumplimiento de un deber público”.

Este “deber” se deriva de la Ley Electoral y es de “realización ineludible”, ya que “supone garantía del ejercicio de los derechos de participación política que consagra el artículo 23 de la Constitución”.

La JEC concluye que este acuerdo “será remitido al Ministerio de Justicia para su conocimiento y efectos”.