En concreto, Junts subraya que, según Plataforma per la Llengua, “se han incrementado las denuncias de ciudadanos que se encuentran con trabas administrativas, interpretaciones restrictivas e incluso denegaciones injustificadas”.

Entre los casos detectados, apunta este partido, se encuentra “la negativa a aceptar formas correctas en catalán o situaciones en las que, dentro de una misma familia, conviven apellidos en catalán y en castellano”. “Algunos casos ya han sido judicializados”, añade.

Ante esta situación, el partido de Carles Puigdemont alerta de que estas prácticas suponen “un retroceso en decretos lingüísticos reconocidos desde el año 1977” y generan “inseguridad jurídica y desigualdad de trato”.

Por ello, Junts reclama al Gobierno “criterios claros y uniformes, instrucciones vinculantes para los registros civiles y medidas para evitar cualquier forma de castellanización impuesta”. A su vez, pregunta si se “depurarán responsabilidades en caso de vulneración de derechos”.