Con esta iniciativa, Junts pide al Ejecutivo que aclare la cobertura jurídica, las autorizaciones, la cadena de comando y los mecanismos de control aplicados en estas operaciones y que impulse una investigación independiente sobre unas actuaciones que “podrían haber afectado derechos fundamentales”.

Los de Carles Puigdemont señalan que en los últimos años diversas investigaciones periodísticas han revelado la existencia de “infiltraciones prolongadas de agentes de la policía española en movimientos sociales, políticos e independentistas, utilizando identidades falsas, estableciendo relaciones personales y efectivas con ciudadanos y accediendo durante años a espacios privados, asociativos y políticos”.

Este partido afea que, pese a sus “reiteradas denuncias públicas formuladas” tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Justicia y de Interior y las “reiteradas peticiones de explicaciones dirigidas” al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, el Gobierno “ha mantenido una actitud de silencio e inacción”.

Critica que el Ejecutivo no ha impulsado ninguna investigación independiente que permita aclarar los hechos, “no ha depurado responsabilidades políticas ni administrativas”, “no ha revisado los protocoles que permitieron estas infiltraciones” y tampoco ha ofrecido una “explicación convincente” sobre unas actuaciones que podrían “haber comportado vulneraciones muy graves de derechos fundamentales”.

Además, reprocha al Gobierno que la “primera actuación institucional relevante conocida” tras este “escándalo” no haya ido dirigida a investigar las infiltraciones, sino a “perseguir administrativamente a los medios de comunicación que las destaparon y pusieron en conocimiento de la ciudadanía”.

Por todo ello, Junts pregunta al Gobierno qué actuaciones llevó a cabo desde que se conocieron las infiltraciones policiales para determinar “la cobertura jurídica, la cadena de comando, los objetivos, la duración y los mecanismos de control aplicados” y si puede acreditar que cada una de ellas disponía de una “habilitación legal suficiente y de un control externo efectivo”.

También quiere saber por qué el Ministerio del Interior no ha impulsado una investigación independiente sobre la “posible vulneración de derechos fundamentales de las personas afectadas” y si tiene previsto abrir una investigación interna formal sobre las investigaciones policiales que los medios dieron a conocer.

Pregunta también si el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez, o el ministro Marlaska asumirán “alguna responsabilidad política si se confirma que agentes de policía intervinieron durante años en organizaciones legales, con identidades ficticias y sin autorización judicial, mientras el Gobierno se negaba a investigarlo”, entre otras cuestiones.