Ayer, martes, el Gobierno dio luz verde a la rebaja de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales consciente de que no tiene, de momento, los apoyos suficientes y la medida de Yolanda Díaz podría descarrilar. Tiene el apoyo sindical y el rechazo generalizado de las distintas patronales, tanto grandes como medianas y pequeñas empresas.

Junts se erige como actor clave después de anunciar una enmienda a la totalidad, aunque con margen para negociar. Y, cómo apuntó de forma clara la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, el texto, como está planteado ahora mismo, es un “ataque frontal” a las pymes catalanas y a los autónomos. En otras palabras, considera que es un disparo a la línea de flotación del tejido productivo catalán, que se ha movilizado en contra de un recorte que cree altamente nocivo por el impacto en costes y su difícil aplicación en varios sectores, apelando además de que ya existe la vía de la negociación colectiva.

No obstante, la vicepresidenta segunda considera que hay espacio para el entendimiento y por ello reconoció que el tejido empresarial catalán tiene “un perfil propio”. Un guiño que para Junts debe concretarse en “hechos” en la negociación del trámite parlamentario, según fuentes consultadas.

Este tejido empresarial catalán “propio” al que refería la dirigente de Sumar es el mismo que podrá resultar directamente beneficiado de otra negociación llevada a cabo por parte del grupo de siete diputados que lidera Míriam Nogueras en Madrid: el plan antiarenceles de la Administración Trump.

Este jueves, previsiblemente, el partido apoyará, una vez revisados y confirmados todos los datos de Economía, el decreto ley de ayudas económicas, valorado en 14.000 millones de euros, para amortiguar el efecto de los aranceles. Un sí que Junts ha condicionado a que se tenga en cuenta el peso de las exportaciones de las empresas catalanas en Estados Unidos, que representan el 25% del total. Un traje a medida que refleje el peso y el dinamismo exportador de Cataluña.

Según cálculos de la Cámara de Comercio de Barcelona, los aranceles tendrán un impacto negativo este año de 1.055 millones de euros en el PIB catalán, el equivalente a tres décimas menos.

Ambas cuestiones han sido, además, presentes durante las sesiones de debate de la 40 edición de la Reunión del Cercle d’Economia, que acaba este miércoles en Barcelona. Los socios y asistentes preguntaron a Pedro Sánchez y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por estos temas de actualidad de la agenda política, con el trasfondo de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, que planeó sobre toda la jornada y eclipsó los titulares más destacados.

Mientras Sánchez pidió a los empresarios y directivos no dar la espalda a una reducción de la jornada laboral que, dijo, es una demanda social, el líder del PP mostró su rechazo al considerar que lo que preocupa a la gente son los salarios y la pérdida de poder adquisitivo.

En su discurso inaugural, Sánchez también reclamó apoyos para convalidar el decreto antiaranceles y el PP ha dejado claro que no lo avalará, por lo que saldría por la mínima si no hay algún movimiento de última hora.

En ambas carpetas Junts es determinante y así se ha escuchado en algunos de los corrillos entre los presentes del foro. Si bien algunos valoran que Cataluña está mejor con Salvador Illa al frente –“la añorada estabilidad”, comentan—reconocen que, para conseguir logros para Cataluña y su tejido empresarial, también de sus trabajadores, hay que contar con la complicidad y la iniciativa del partido de Puigdemont y con la gestión de Nogueras en Madrid.

En la carpeta de la opa hubo desconcierto entre el empresariado con el voto del miembro afín a Junts en el seno de la CNMC, en contra del criterio del partido, que siempre se ha opuesto sin matices a la operación. Pero tal y como recalcó el expresidente Carles Puigdemont en un apunte en redes sociales el fin de semana, no se puso el foco en el voto de otros consejeros de otras fuerzas supuestamente contrarias. Apuntó hacia Sánchez para que frene la operación, aunque mostró sus reservas: “No confiamos en las palabras del Gobierno cuando dice estar en contra de la opa. Lo veremos pronto”. En el Cercle, el “comodín” de la consulta pública anunciada, como la etiquetaron algunos, sorprendió a los asistentes.