En la iniciativa, la diputada de Junts en la Cámara Baja Pilar Calvo apuntó que, según la asociación Avite, hay “al menos cuatro casos certificados por los servicios médicos de centros de prestigio que aún no han sido validados”, pese a que el número de personas afectadas “podría ser muy superior”.

Por este motivo, Junts pregunta al Gobierno de España cómo piensa garantizar que haya una respuesta urgente por parte del Instituto Carlos III a los citados expedientes y si, en el caso de que determine su derecho a recibir las ayudas, tiene previsto pagar los intereses de retraso por el tiempo que han estado esperando la respuesta.

Al mismo tiempo, entre otras preguntas, este partido también busca respuestas sobre la tributación de las ayudas. En este sentido, Junts quiere saber si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto “revertir la injusticia de que se aplique IRPF en las ayudas recibidas por las personas afectadas por la talidomida”.