Así lo indicó Boye en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Servimedia, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona procesara a tres agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de colaborar en la huida de Puigdemont tras su aparición breve en Barcelona en agosto de 2024.

“Esa resolución está pendiente de recurso, la vamos a recurrir, estamos trabajando en ello”, dijo Boye, señalando que quien llevaba la investigación “dictó un auto muy meditado, muy claro, muy contundente decretando el sobreseimiento”, pero Hazte Oír lo recurrió y la Audiencia Provincial, en una resolución “bastante sorprendente” ordena a la juez dictar una nueva resolución.

En concreto, aseguró que esta resolución “la vamos a recurrir, no tenemos prisa, la ley nos da tres días para hacerlo”, pero “aquí hay cosas que son sorprendentes”. Boye aclaró que, según el Gobierno de la Generalitat, el 8 de agosto de 2024 “los objetivos” del dispositivo policial “no eran la detención” de Puigdemont, sino proteger la investidura de Salvador Illa.

Entonces, preguntó “por qué se le exige otro nivel de actuación a tres personas que estaban fuera de servicio, de vacaciones, manifestándose como muchos otros catalanes ese día”, refiriéndose a los tres mossos procesados. Si son procesados por no detener a Puigdemont, destacó que “en el banquillo no tienen que haber tres”, sino “los 3.000 que estaban ahí”.

De hecho, destacó que otros mossos del dispositivo estuvieron “más cerca” de Puigdemont y “no le detuvieron”. Al mismo tiempo, quiso saber si “era obligatorio detener a una persona por una orden de detención que continuaba en vigor cuando esa persona tenía que haber estado amnistiada porque la Ley de Amnistía ya estaba en vigor”.

Volviendo a los tres mossos procesados, dejó claro que “no hay ninguna evidencia” de que estos “prestasen un coche” a Puigdemont, ni de que le “apoyasen”. En concreto, matizó que el coche que usó el expresidente catalán para huir “no tiene nada que ver con ninguno de los tres acusados” y “su propietaria ni siquiera ha sido llamada a declarar”.