Así lo señaló Jupol en un comunicado después de que se conociese el auto en el que el juez Juan Carlos Peinado acordó abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de retirarle el pasaporte, prohibirle la salida de territorio nacional y obligarla a comparecer cada 15 días para firmar en sede judicial.

El sindicato calificó como “una auténtica barbaridad” que el juez sugiera que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, “lo diga quien lo diga”.

Asimismo, el sindicato argumentó que los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales.

“Poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, recalcaron.

Por todo ello, Jupol consideró “imprescindible” una rectificación del juez Peinado por “unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”.

“La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, recalcó Jupol.