La inhabilitación al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por parte del Tribunal Supremo supone poner en marcha el proceso para elegir a un nuevo a una nueva fiscal general del Estado, un procedimiento tasado tanto por la Constitución como por la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La persona elegida deberá ser propuesta por el Gobierno entre "juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión"