El magistrado rechaza que su despido se produjera como una acción de represalia y concluye que la empresa acreditó la existencia de una situación de acoso laboral contra uno de los empleados que dependían de la demandante y que, dada la gravedad de los hechos, la única sanción posible era despedirla.

Según recoge la sentencia, el trabajador se incorporó al área de la demandante en 2018, recibiendo críticas constantes por parte de la responsable, que redujo sus funciones y lo relegó a tareas administrativas, entre otras. Además, recomendó que no se hablara con él, se le excluía de las reuniones y le fijaba objetivos imposibles de cumplir. La resolución también da por probados episodios de gritos, insultos y expresiones humillantes o vejatorias.