Según la UCE, sobre el propietario del vehículo, representado judicialmente por esta organización de consumidores, pesaba un procedimiento de embargo, por lo que el juzgado ordenó la retirada del coche. Tiempo después, el embargo fue anulado, dictándose una providencia que debía haberse notificado al ayuntamiento y al interesado para que pudiera disponer del coche.

Sin embargo, dicha providencia no se notificó al dueño del vehículo, que no volvió a tener noticias de su automóvil, a pesar de sus onstantes requerimientos.

Según la UCE, la setencia fija una indemnización de 200.000 pesetas, valor venal del vehículo, ya que en la actualidad, y debido al tiempo transcurrido, el coche ha quedado inservible.