Según informó hoy UGT, el juzgado valenciano, además de desestimar la demanda de CSI-CSIF, ha obligado a este sindicato a pagar una sanción de 600 euros por "abuso de derecho y temeridad" en la presentación de la denuncia.

CSI-CSIF se quejó de que la ONCE, en un periodo previo a las elecciones, facilitó a UTO-UGT un listado con las distintas agencias administrativas que conforman la Delegación Territorial de Valencia, así como de la sede central, y consideró que era un trato de favor, por lo que presentó la demanda ahora rechazada por la Justicia.

Con anterioridad, UTO-UGT había mostrado su discrepancia con la distribución territorial de las agencias de la ONCE, por lo que la empresa remitió al sindicato dicho listado, hecho que el juez no considera injustificado ni desproporcionado.