Con la admisión de este recurso, Ecologistas en Acción confía en que el tribunal revise en profundidad tanto la legalidad de la declaración Premia como las carencias ambientales denunciadas durante la tramitación del proyecto, según informó esta entidad ambiental este viernes.

La calificación como Premia otorga a la tramitación del proyecto carácter prioritario y urgente, y reduce a la mitad los plazos ordinarios. Para Ecologistas en Acción, esta aceleración administrativa resulta incompatible con el análisis riguroso que exige un proyecto de esta envergadura.

Entre las cuestiones que el expediente no resuelve de forma satisfactoria figura la afección a los cauces que atraviesan la parcela, la disponibilidad y el consumo real de agua, el ruido, el calor residual y el riesgo tecnológico asociado al almacenamiento masivo de gasóleo.

Además, la organización ecologista advirtió de que “el enorme consumo energético que llevan asociados los centros de procesamiento de datos pone en riesgo el esfuerzo colectivo realizado durante los últimos años en la transición energética”.

“Instalaciones como la proyectada en Navalmoral de la Mata disparan la demanda eléctrica de forma tan intensa que amenazan con absorber, en beneficio de un uso intensivo y privado, buena parte de la energía renovable generada en la región, en lugar de contribuir a sustituir fuentes fósiles en el conjunto del sistema”, indicó.

CIFRAS

La primera fase del proyecto estima una potencia instalada de 288 MW, aunque aspira a ampliarse progresivamente a una potencia total de unos 1.500 MW. Se convierte así en el mayor centro de datos proyectado en España y uno de los más grandes del sur de Europa.

Su consumo eléctrico, estimado en la primera fase de 1.131 GWh/año, podría elevarse a 5.890 GWh/año, superior al de toda Extremadura.

Según investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza, la alimentación del proyecto en todas sus fases llegaría a requerir la ocupación de entre 14.300 y 29.700 hectáreas de suelos con parques renovables, lo que supondría cubrir entre un 0,3% y un 0,7% de toda la superficie extremeña con placas solares y, en menor medida, turbinas eólicas, solo para alimentar un centro de datos.

"Esta admisión a trámite es el pistoletazo de salida de un procedimiento en el que vamos a demostrar la ilegalidad de la designación de este proyecto como Premia: la Junta ha utilizado una figura pensada para agilizar trámites ordinarios para blindar, frente a un control ambiental riguroso, un proyecto cuya envergadura e impacto exigen justamente lo contrario", según Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción en ese procedimiento.

Pep Hurtado, también letrado interviniente en el recurso, añadió: "El papel de la Junta de Extremadura no puede ser el de extender la alfombra roja a proyectos depredadores de recursos, poniendo la maquinaria administrativa a su servicio y recortando los plazos de control que existen precisamente para proteger el territorio, el agua y la energía de toda la ciudadanía".

Julio Cesar Pintos, portavoz de Ecologistas en Acción, recalcó que el recurso es “una muestra más de que la ciudadanía extremeña no está dispuesta a que su territorio, su agua y su energía se conviertan en materia prima barata para negocios ajenos a sus intereses”. “No vamos a permitir que se sacrifique el medio ambiente en nombre de un modelo de desarrollo que solo beneficia a unos pocos", apostilló.