El auto, notificado este martes al Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecoloxistas en Acción, partes personadas en la causa, estima parcialmente la petición formulada por esas organizaciones en el marco del recurso contencioso-administrativo que mantienen contra la resolución de la Xunta de Galicia que autorizaba controles del lobo ibérico durante la temporada de caza 2025/2026.

Además, el Tribunal suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión.

El auto supone un respaldo jurídico a la tesis defendida por las organizaciones recurrentes, que venían denunciando que la inclusión de enmiendas en una ley sobre desperdicio alimentario -introducidas en el Senado mediante un acuerdo entre PP, Vox, Junts y PNV- constituía “un intento de desmantelar por vía de extramuros décadas de protección del lobo ibérico”, según Ecoloxistas en Acción.

EL PROCEDIMIENTO, EN SUSPENSO

Con la elevación de la cuestión, el tribunal gallego ha acordado suspender provisionalmente las actuaciones del recurso contencioso-administrativo principal hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión a trámite de la cuestión.

Mientras tanto, ese mismo tribunal ya acordó el pasado septiembre la suspensión cautelar de las autorizaciones de caza de lobo. La resolución de vedas para la temporada 25/26 ya no incluye al lobo como especie cinegética.

"Hoy es un día importante para la conservación del lobo en España. El TSXG ha entendido que la maniobra política de incluir la desprotección del lobo en una ley sobre el desperdicio alimentario no solo es arbitraria, sino que puede ser inconstitucional. Confiamos en que el Tribunal Constitucional esté a la altura y restablezca la protección de una especie clave para nuestros ecosistemas", según Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, apuntó que el nuevo auto “demuestra que la justicia empieza a poner freno a los ataques a la biodiversidad”. “La Xunta de Galicia autorizó la caza del lobo pese a su estado desfavorable, y el propio Estado facilitó esa decisión con unas enmiendas que nada tenían que ver con la ley que las cobijaba. Ahora será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra, pero el mensaje es claro: no se puede legislar contra la ciencia y contra el medio ambiente”, agregó.

"Planteamos la cuestión de inconstitucionalidad porque era un paso obligado, y el TSXG ha tenido la valentía de admitir nuestras alegaciones. La posible vulneración del artículo 45 de la Constitución, el principio de no regresión y la interdicción de la arbitrariedad son argumentos sólidos que el Constitucional deberá analizar", explicó.

“No se puede desproteger una especie amenazada mediante un procedimiento legislativo torticero, sin informes científicos y sin participación pública. Mientras tanto, seguiremos litigando para garantizar que el lobo mantenga su estatus de protección", recalcó Jaime Doreste, abogados de ambas organizaciones ecologistas.

Sara González Merinero, especialista en Derecho Ambiental y también abogada del procedimiento, indicó: “Estamos ante un precedente que puede sentar las bases para futuras impugnaciones de normas que pretendan desmantelar la protección ambiental por la vía de extramuros".

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisión de la cuestión. En caso de admitirla, abrirá un procedimiento de declaración de inconstitucionalidad que podría anular los preceptos cuestionados, restituyendo así la protección del lobo ibérico en el ámbito nacional y dejando sin cobertura legal las autorizaciones de caza como las de la Xunta de Galicia.