En su auto, la jueza explica que los informes de la Guardia Civil que recoge el fiscal en su solicitud de sobreseimiento enmarcan lo ocurrido en un contexto de incertidumbre informativa propia del tipo de acciones violentas y escenarios de guerra, por lo que puede resultar inviable el esclarecimiento de los hechos y determinar su concreta autoría.

No obstante, la magistrada indica que no se puede dejar de tener en consideración, tal y como han planteado las acusaciones particulares personadas en esta causa, que el derecho a la información constituye uno de los derechos básicos de la víctima del delito, tal y como viene recogido en el Estatuto de la Víctima.

En ese sentido, la jueza señala que este criterio debe llevar “al agotamiento de todas las posibilidades de investigación, recabando cuanta información pudiera aportarse al respecto por parte de las autoridades judiciales que pudieran resultar competentes en Israel, en cuyo territorio tuvieron lugar los hechos”.

Todo ello, según la instructora, sin perjuicio de que finalmente se tenga que acordar el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía si no se obtiene un resultado positivo sobre las circunstancias en las que se produjeron las muertes de los ciudadanos españoles, así como su posible autoría.