Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Servimedia, en el que la Justicia rechaza la "disolución inmediata" que reclamó el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso, algo que exigió alegando que no cumplía los requisitos de la Ley reguladora del derecho de reunión. Sin embargo, el TSJM sí que considera que "concurren circunstancias de especial urgencia", pero que es necesario "oír previamente a la Administración Genera del Estado" para valorarlo "con las debidas garantías", por lo que abre una pieza separada para su tramitación por la vía ordinaria.

En conceto, la Sala señala que ha de tenerse en cuenta la "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas", así como "la irreversibilidad de las consecuencias para estas de acceder, por la presente medida cautelarísima, al desalojo instado", además de la "vigencia del principio de proporcionalidad en actuaciones como la solicitada". En este punto, hace hincapié en que la Ley de Seguridad Ciudadana establece que “las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las circunstancias" y que "la disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso”.

De este modo, puntualiza que, tratándose de "medidas de desalojo", y en caso de no ser atendidos los requerimientos verbales, "podrían conllevar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes la utilización de medidas de compulsión física sobre las personas acampadas". Una posibilidad "real", remarca, que exige, "con carácter previo", que se cuente "con el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno para no haber desplegado la actividad requerida por la Comunidad de Madrid".

Por ello, opta por acortar el plazo legal de alegaciones al miércoles a las 9.00 horas, pidiendo al órgano que dirige Francisco Martín que anticipe por correo electrónico su escrito.

En un primer momento, el pasado martes, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento plantearon a la Delegación del Gobierno un requerimiento para que procediese al desalojo en 48 horas, algo que Martín confirmó el jueves que no atendería. Ante esto, el Gobierno de Ayuso presentó un recurso contencioso-administrativo en el que exigía la "inmediata disolución" de la acampada con esas medidas cautelarísimas. Entre los motivos que justificaban su petición estaban los problemas que supone para los comerciantes o la vandalización de algunos elementos de la zona, como la estatua del Oso y el Madroño o las pintadas en la fachada de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.