Fuentes del ministerio explicaron que, con estas medidas, Juventud e Infancia quiere cumplir la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños".

Recientemente, en el VII Examen del CDN a España, varios miembros de este organismo preguntaron a la delegación española, encabeza por la ministra Sira Rego, sobre esta reclamación. Rego, como ya hizo en la última Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, informó al Comité sobre la incorporación de esta prohibición en la propuesta para ampliar la Lopivi.

Según contempla la exposición de motivos de la norma, “las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad”.

En este sentido, “en cuanto a los riesgos psicológicos, la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional”.

Juventud e Infancia presentó este texto completo, hace ya varias semanas, a los ministerios que implica la reforma. En varias ocasiones, Rego aseguró que la reforma “está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes”, para su aprobación en Consejo de Ministros.

El texto propuesto por el ministerio pretende “reforzar la prevención de las violencias contra la infancia y el acompañamiento y la reparación de los niños, niñas y adolescentes que la sufren”. Entre los puntos más destacados de la ampliación, se encuentran la obligatoriedad de escuchar a las personas menores de edad en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (establecida, en la actualidad, a partir de los doce años). Asimismo, contempla la ampliación en diez años la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de modo que el plazo de prescripción, que actualmente empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años, no lo hará hasta que se cumpla 45.

Del mismo modo, recoge la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad. Otros de los aspectos más “relevantes” de la norma es el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal. Según Rego, esto supone que “toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada”.