"Estas transferencias se suman a los 22 millones que ya otorgó el ministerio en la Conferencia telemática celebrada en septiembre", precisaron desde el Ministerio, y subrayaron que se trata de la primera reunión "que se celebra de manera presencial tras el plantón de las comunidades autónomas presididas por el PP" y después de que se celebró en septiembre de manera telemática.

Ya en el mes de julio, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, excepto Ceuta, no se presentaron a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, forzando así la suspensión de la reunión en la que se iba abordar el reparto de los menores migrantes que permanecen en Canarias, Ceuta y Melilla.

En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, señaló que las “deudas racistas” del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el líder de Vox, Santiago Abascal, las “van a pagar” los territorios que iban a recibir recursos ordinarios para el acogimiento de menores migrantes y que no se pudieron transferir.

En la reunión de este viernes, presidida por Rego, el Ministerio espera que las comunidades gobernadas por el PP dejen a un lado sus "intereses partidistas para garantizar los derechos de las personas menores de edad".

Además, se abordará el real decreto de Acogimiento, "que establece unas garantías comunes para centros de menores, de acuerdo con las directrices de la ONU y las recomendaciones del Consejo de Europa, marcando como prioridad la desinstitucionalización, el acogimiento familiar, centros pequeños y entornos protectores".

El Ministerio incluyó también "un punto informativo en el que se prevé poner en común los protocolos de menores desaparecidos del sistema de acogida, el avance en las políticas de adopción y los recursos destinados a combatir la pobreza infantil".

Desde el departamento de Rego esperan que el PP "abandone su bloqueo y boicot a este espacio de coordinación y permita avanzar en propuestas", y confían en que la Conferencia Sectorial recupere la senda del trabajo institucional y las comunidades gobernadas por el PP "dejen a un lado los intereses partidistas para garantizar los derechos de las personas menores de edad".