Según señaló el ministerio en un comunicado, la medida, ordenada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, de la que es titular el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), “establece una diferencia de trato entre niños y niñas tutelados por la misma administración en función de su origen”.

La Ministra de Juventud e Infanfia, Sira Rego, señaló que “quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años”. Rego además denunció que “es una medida racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos”.

La ministra subrayó que se trata de “la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox” y advirtió de que el único objetivo de estas políticas es “crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma”.

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

En el oficio, el Ministerio consideró que “los hechos podrían suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas, una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancia personal, así como la posible constitución de un delito de odio y una desatención del interés superior del menor”.

El texto recuerda que “la medida es contraria al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe toda discriminación por razón de nacimiento o raza, así como al artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia”.

El Ministerio también recordó que las entidades públicas que asumen la tutela de menores en situación de desamparo “están obligadas a garantizar la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana” y a “promover su integración normalizada, sin discriminación alguna”. Asimismo, las asignaciones de este tipo “contribuyen a fomentar la autonomía, el desarrollo madurativo de las y los adolescentes tutelados y su transición a la vida adulta”.

Por todo ello, el ministerio trasladó la información a la Fiscalía de Menores para que, “si así lo considera”, investigue los hechos y despliegue las medidas necesarias que aseguren la plena protección de estos niños, niñas y adolescentes.

“Confío en que la Justicia ponga las cosas en su sitio. Nuestra Constitución es clara. Somos un país de acogida y así va a seguir siendo”, concluyó la ministra.