La causa ha recaído por reparto en el mismo juzgado que rechazó investigar a Pablo Casado por revelar que el hermano de Isabel Díaz Ayuso había cobrado una comisión por intervenir en la compra de material sanitario por la Comunidad de Madrid. Está a cargo de la magistrada Inmaculada Iglesias.

La Fiscalía quiere que el juez impute a González Amador por considerar que armó una trama que se sirvió de facturas falsas para eludir el pago de impuestos para pagar menos impuestos en los ejercicios 2020 y 2021. En el centro de la trama estaría la empresa Maxwell Cremona, propiedad de la pareja de Ayuso, a través de la cual cobró dos millones de euros en comisiones durante la pandemia.

La inspección de la Agencia Tributaria sobre este empresario detectó un total de 15 facturas falsas gracias a las cuales podría haber defraudado 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades. La Fiscalía sostiene que esas facturas se habrían librado sin haber prestado servicio alguno. La Fiscalía pide a la magistrada Iglesias que impute a González Amador por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.