Esta solicitud figura en un correo electrónico que forma parte de una “diligencia de ordenación” emitida esta semana por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se incluyen diversos escritos y documentos relacionados con el juicio del ‘caso mascarillas’, que finalizó este miércoles.

Entre la documentación aportada, a la que ha tenido acceso Servimedia, se incluye un mensaje electrónico que aparece mencionado como “correo de 18/05/2020 solicitando matrícula reservada para D. Víctor de Aldama y su adjunto”.

Este escrito es una solicitud de “placas de matrículas reservadas” para Aldama, que en 2020 ya había entrado en contacto con Koldo García y el exministro Ábalos. Se argumenta que esta petición tiene como “único objeto” el “mejorar en la medida de lo posible su seguridad personal y la de su familia”.

‘COLABORADOR’ DE LA POLICÍA

Tras dar los datos personales de Aldama, el mensaje explica que este comisionista era “propietario de la empresa Grupo Vivir, así mismo es dueño de la empresa Bussinescity que gestiona los restaurantes, (cuatro locales de restauración), de las cuatro torres de Madrid, siendo también propietario del Zamora Club de Futbol”.

Se añade que “por la actividad profesional que desempeña y por los cargos que ocupa en la actualidad, puede constituir por sí un objetivo de organizaciones criminales, incluso sectores del anarquismo nacional e internacional”.

También se apunta que el empresario “siempre ha colaborado de forma activa con la Dirección General de la Policía, tanto desde los puestos que ha ocupado como a nivel personal, siendo tal que durante el periodo correspondiente a los años 2016 a 2017 colaboró con el Cuerpo Nacional de Policía de forma activa en la desarticulación de una organización criminal, de lo que constarán datos o informes que así lo corroboren en la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana”.

“EN RIESGO”

Ahondando en lo expuesto, el solicitante pone de manifiesto que Aldama era “asesor de Globalia” y también trabajaba como “asesor de Air España, puesto desde el que asesora al Ministerio de Transportes como asesor externo”.

También se apuntaba que el comisionista, por la “actividad profesional” que desarrollaba en 2020, viajaba “con frecuencia a países considerados de ‘alto riesgo’, entre otros México, Colombia y Venezuela, siendo en este último que actúa en la intermediación con determinados sectores del país para lograr el pago a empresas españolas de cantidades importantes que se les adeudan”.

Koldo García añade que a Aldama, al ser “un potencial objetivo de organizaciones criminales como de otras con actividad político-terrorista", le fue concedida licencia de armas Tipo “B”. Se afirma que, por todo ello, el aludido está "en riesgo".

Como conclusión, se solicitaban para el empresario “placas de matrícula reservada” para su coche particular. Se concluye que el “único objeto” era “mejorar en la medida de lo posible su seguridad personal y la de su familia”.