La petición ha sido realizada mediante un escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, que ha sido presentado por la defensa de estos tres investigados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que instruye las Diligencias Previas 65/2023, referidas al presunto caso de comisiones ilegales por la venta de material sanitario a instituciones públicas durante la pandemia.

En el escrito, que presenta la letrada que defiende a estos tres encausados, se explica que su iniciativa busca "garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa" de los investigados, al considerar necesario "circunscribir el análisis a los ejercicios fiscales" que tengan conexión con los presuntos ilícitos investigados.

La defensa argumenta que los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyen "múltiples referencias a actividades económicas y mercantiles" de sus representados correspondientes a "ejercicios muy diversos".

Los abogados sostienen que resulta "imperativo" establecer una delimitación temporal para poder analizar específicamente aquellos ejercicios fiscales que guarden una "conexión causal con los ilícitos objeto de la presente causa" y sobre los que la UCO ha detectado posibles indicios de criminalidad.

La solicitud presentada ante el magistrado busca que se concrete "el periodo de tiempo al que se ciñe la investigación de los hechos" para salvaguardar la "seguridad jurídica" en el procedimiento judicial abierto contra los investigados.

La defensa considera fundamental acotar el marco temporal para poder ejercer adecuadamente sus derechos procesales, dado que los informes policiales analizan operaciones económicas realizadas en diferentes momentos sin especificar cuáles son relevantes para la causa.

PAGOS ENCUBIERTOS

El juez Moreno mantiene imputados a Koldo García, su hermano Joseba García y Patricia Uriz en el marco de la investigación sobre la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia. El instructor les atribuye delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública, en el contexto de contratos de emergencia adjudicados por diversas administraciones públicas.

Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, está señalado como pieza clave de la trama, acusado de mediar para que empresas concretas obtuvieran contratos públicos a cambio de comisiones. Según la investigación, presuntamente habría facilitado la adjudicación de contratos por más de 50 millones de euros y recibidos pagos encubiertos, además de operar para ocultar el origen y destino de los fondos obtenidos ilícitamente. Joseba García, por su parte, está bajo sospecha por su presunta participación en la recepción y traslado de dinero en efectivo vinculado a estas operaciones, al tiempo que la UCO le atribuye viajes y entregas de fondos en el extranjero.

Patricia Uriz, exmujer de Koldo, figura en la causa por el incremento de su patrimonio durante los años investigados y por haber sido contratada en empresas relacionadas con la trama, supuestamente como parte de favores solicitados por Koldo. La UCO ha detectado ingresos regulares en sus cuentas que vincula a la operativa de la red, aunque tanto Uriz como su defensa niegan cualquier implicación en actividades ilícitas.

Los tres investigados han comparecido ante el juez en al menos una ocasión, aunque en sus primeras declaraciones se acogieron a su derecho a no declarar. La UCO, en sus informes, describe una estructura organizada para el cobro y reparto de comisiones, la ocultación de fondos y el uso de testaferros y familiares para dificultar la trazabilidad del dinero, situando a Koldo García como el principal mediador y a Joseba García y Patricia Uriz como colaboradores necesarios en la operativa.