Indica que el fallo judicial se limita a aspectos procedimentales, al señalar que los sistemas de autorización de competiciones deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables. Como se destaca en el comunicado de LALIGA, en ningún caso entra a valorar el fondo de la cuestión ni la viabilidad de torneos alternativos al modelo vigente.

Añadió que la decisión judicial llega en un momento en el que el proyecto de la Superliga se encuentra sin avances sustanciales desde hace meses. Promovido inicialmente por la empresa A22 Sports Management, la iniciativa ha tenido serias dificultades para consolidar un formato viable, "en un contexto marcado por la delicada situación financiera de la propia compañía", agrega. Sostiene que, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, A22 registró unas pérdidas de 5,5 millones de euros en el ejercicio 2024, lo que situó su patrimonio neto en negativo, con un saldo de -5,2 millones al cierre del pasado ejercicio. Este desequilibrio patrimonial constituye, de acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, una causa legal de disolución, tal y como reconocen las propias cuentas de la empresa.

El Real Madrid, que había dejado el liderazgo del proyecto a A22, ha celebrado públicamente la sentencia, una posición que reabre el debate sobre el papel de los clubes en un proyecto que no ha logrado materializarse y cuya estructura, según distintas fuentes del sector, sigue sin tener un desarrollo operativo.

Desde LALIGA se reitera el compromiso con "la integridad y estabilidad de las competiciones nacionales, consideradas el pilar esencial del fútbol europeo y de su sostenibilidad económica y social. La patronal defiende también el cumplimiento de las normas de competencia de la Unión Europea, a través de procedimientos claros y no discriminatorios, y mantiene su disposición al diálogo con instituciones y clubes para garantizar que cualquier innovación o propuesta no afecte negativamente al conjunto del ecosistema futbolístico".