La entidad indicó que la nueva redacción legal establece las bases para una transformación profunda del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), ya que sostiene que la reforma "aborda con claridad la urgencia de superar de forma definitiva la cultura asistencialista tradicional que ha caracterizado histórica y operativamente al sistema".

Para la federación, el nuevo marco legal se fundamenta explícitamente en el enfoque de derechos humanos, situando en el centro la dignidad, la libre determinación y el fomento de la vida independiente. Bajo esta perspectiva, considera que los apoyos y servicios no deben concebirse como meras intervenciones proteccionistas o mecánicas, sino como herramientas orientadas a respetar y hacer prevalecer la voluntad, deseos, fortalezas y preferencias de cada persona en situación de dependencia.

Lares indica que el objetivo central del sistema pasa a ser que cada individuo pueda mantener, elegir y desarrollar un proyecto de vida con sentido, con independencia de su edad, grado de dependencia o complejidad de los apoyos que requiera. Añade que un aspecto fundamental de este viraje hacia el enfoque de derechos humanos es la necesidad de adecuar las prácticas al reconocimiento universal de la dignidad, lo cual exige cuidados y apoyos libres de sujeciones, un objetivo que Lares lleva persiguiendo desde hace tiempo.

El texto de la reforma advierte que la utilización de restricciones y sujeciones físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas compromete y limita derechos constitucionales como la libertad, la autonomía personal, la intimidad y la integridad física y moral. Lejos del excesivo proteccionismo que pretendía justificar su uso por razones de seguridad, la ley establece que estas prácticas entrañan graves riesgos y pueden ser traumáticas a nivel físico, psicológico y cognitivo.

La nueva norma determina que el buen trato no consiste en eliminar el riesgo, sino en cuidar desde el respeto a la singularidad de cada persona, limitando la exclusiva utilización de restricciones a casos excepcionales de urgencia vital y siempre bajo criterios médicos.

La traducción práctica de la esta nueva orientación hacia los derechos humanos que recoge la norma exige reorganizar la red asistencial hacia un modelo de base profundamente comunitaria, potenciando el servicio de ayuda a domicilio (SAD), a través de su personalización y extendiendo su ámbito de actuación al entorno comunitario próximo a la vivienda habitual de la persona, explica la entidad.

Al mismo tiempo, los centros de día se reconfiguran como eslabones clave dentro del itinerario de apoyos, complementando la autonomía e independencia de la persona en estrecha conexión con su entorno familiar y relacional. "Pero, como es lógico, no se desvalora ni se pretende eliminar la atención residencial, sino que se reorienta para constituir entornos de vida hogareños e inclusivos que conecten activamente a los residentes con su comunidad, en la ya conocida línea de la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados y del vigente Acuerdo del Consejo Territorial de 2022 sobre criterios comunes de acreditación y calidad", explica Lares.

En el plano de la gestión, subraya que la ley pretende agilizar administrativamente el procedimiento del programa individual de atención (PIA) y su revisión. Todo ello acompañado del establecimiento de un marco referencial de estándares comunes para evaluar la calidad de los centros y servicios, valorando su impacto directo en la satisfacción de los derechos y la calidad de vida.

Según el secretario general de la Federación Lares, Antonio Molina Schmid, el modelo de cuidados Lares nació precisamente del tejido comunitario (pueblos, barrios, ciudades y parroquias) y ha estado históricamente enfocado en la persona y no en el rendimiento económico-mercantil. Por ello, la nueva ley supone una oportunidad para consolidar un modelo donde las residencias integradas de atención humanizada actúen como un complemento natural de la oferta comunitaria cuando la permanencia en el propio domicilio no sea posible o deseada por la propia persona mayor.

Ahora bien, para que los principios trazados en la ley se traduzcan en mejoras reales en la calidad de vida de las personas atendidas y de los profesionales, la Federación Lares señala la necesidad indispensable de dotar al sistema de solvencia material y organizativa. Por ello, el presidente de la federación, José Luis Pareja Rivas, aunque valora positivamente la modificación legislativa, sitúa el foco en dos retos de gestión inmediatos: la persistente escasez de personal cualificado y la necesidad de contar con recursos económicos estables que aseguren la viabilidad del sector. Asimismo, destaca como prioridades operativas el despliegue definitivo de la coordinación sociosanitaria y la agilización efectiva de las listas de espera.

En esta misma línea, el ecónomo general de LARES, Rafael Luque Muñoz, enfatiza que la necesaria dignificación retributiva y laboral de los profesionales debe ir acompañada de una actualización de los precios de las plazas concertadas, conforme al coste real de los servicios. Para lograrlo, señala dos cuestiones estructurales: Por un lado, la disparidad territorial, ya que actualmente existe una acusada desigualdad en los precios de concertación entre las diferentes Comunidades Autónomas, lo que hace urgente la realización de un estudio estatal riguroso y actualizado sobre el coste real de las prestaciones. Por otro lado, la singularidad del Tercer Sector de Acción Social, que hace imprescindible que la normativa y las licitaciones reconozcan de forma diferenciada la naturaleza y valores de las entidades sociales y sin ánimo de lucro, cuyo modelo de atención no responde a lógicas ni dinámicas mercantiles.