Ciencia

Los centros científicos españoles ganarán autonomía para competir por el talento y acelerar la innovación

- Un nuevo marco legal permitirá atraer investigadores de prestigio, reforzar la colaboración con las empresas y transformar con mayor rapidez los descubrimientos científicos en nuevas tecnologías

Madrid
SERVIMEDIA

Los centros públicos de investigación españoles dispondrán de nuevas herramientas para captar talento científico internacional, colaborar con empresas y acelerar la llegada de sus descubrimientos al mercado gracias al real decreto ley de soberanía científica y tecnológica aprobado esta semana por el Gobierno.

La reforma busca reducir obstáculos administrativos, aumentar la autonomía de gestión de los centros y reforzar la capacidad de España para competir en algunos de los ámbitos tecnológicos más estratégicos a nivel mundial. El objetivo de la norma es que la fortaleza científica acumulada durante los últimos años se traduzca en una mayor capacidad de innovación, más empresas tecnológicas, empleo cualificado y una menor dependencia del exterior en sectores considerados clave para la competitividad y la seguridad económica del país.

Con rango de Ley, el Consejo de Ministros aprobó ayer viernes el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador. La principal novedad será la creación de una nueva red de centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica.

El Gobierno seleccionará inicialmente a veinte centros públicos de excelencia que desarrollen investigación en áreas consideradas estratégicas y les aplicará un régimen especial diseñado para dotarlos de una flexibilidad comparable a la de algunos de los grandes centros internacionales con los que ya compiten y colaboran, según la información oficial facilitada por el Ministerio de Ciencia.

Entre los ámbitos que podrán beneficiarse de este nuevo modelo figuran la inteligencia artificial, los semiconductores avanzados, la biotecnología, las tecnologías cuánticas, la energía, el espacio y otras áreas críticas identificadas por la Comisión Europea y por las estrategias nacionales de innovación. Son sectores en los que se concentra actualmente buena parte de la carrera tecnológica internacional y que se consideran determinantes para la autonomía estratégica de los países.

Los centros incluidos en esta red dispondrán de más margen para contratar investigadores de prestigio internacional y ofrecerles condiciones más competitivas. La intención es responder a una de las reivindicaciones históricas del sistema científico español: la dificultad para competir con universidades, centros tecnológicos e instituciones de investigación extranjeras que cuentan con procedimientos más ágiles y mayores capacidades para atraer investigadores altamente cualificados.

La nueva normativa también facilitará la movilidad de investigadores entre distintas instituciones y reforzará las figuras de doble afiliación, una fórmula habitual en los sistemas científicos más avanzados y que permite a los expertos desarrollar su trabajo simultáneamente en diferentes organismos.

MÁS AGILIDAD

Los centros estratégicos seleccionados contarán con procedimientos más ágiles para adquirir equipamiento científico y tecnológico, una cuestión especialmente relevante en ámbitos donde la evolución tecnológica es muy rápida y los retrasos administrativos pueden afectar a la competitividad de los grupos de investigación.

La filosofía de la reforma pasa por sustituir parte de los controles previos por sistemas de supervisión posteriores, con el fin de agilizar la gestión sin renunciar a los mecanismos de control público.

Además, y según se describe en el 'Proyecto de real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador', documento rubricado por la Ministra de Ciencia, Diana Morant, la transferencia de conocimiento es otro de los ejes centrales de la norma. Los centros integrados en esta red "podrán recurrir a instrumentos de derecho privado para explotar los resultados de sus investigaciones, crear empresas o participar en ellas".

Con ello se pretende reducir la distancia que tradicionalmente existe entre la generación de conocimiento científico y su aplicación práctica en la economía y la sociedad. Así, las innovaciones desarrolladas en laboratorios públicos podrán llegar con más rapidez al tejido productivo en forma de nuevas tecnologías, productos, procesos industriales o compañías de base tecnológica.

Además, la reforma amplía las posibilidades de colaboración con el sector privado. Los propios investigadores y sus equipos podrán establecer contratos con empresas para desarrollar aplicaciones de sus descubrimientos y facilitar su transferencia al mercado, un modelo que ya funciona desde hace años en el ámbito universitario.

INCENTIVOS EMPRESARIALES

El decreto incorpora incentivos destinados a aumentar la implicación de las empresas en las actividades de I+D+i. Entre ellos, el incremento de las deducciones fiscales por innovación tecnológica en el impuesto de sociedades, que pasarán del 12% al 15%. Además, las bonificaciones por la incorporación indefinida de investigadores se extenderán de tres a cinco años y aumentarán las ayudas destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral.

Morant explicó que el Ejecutivo pretende "estimular una mayor inversión privada" en investigación e innovación, "una de las asignaturas pendientes del sistema español de I+D", en el que el esfuerzo empresarial sigue situándose por debajo de la media europea.

El nuevo régimen estará reservado a instituciones públicas de investigación que acrediten niveles de excelencia científica y que trabajen en líneas directamente relacionadas con las tecnologías estratégicas definidas por el Gobierno. Podrán optar a esta consideración consorcios públicos, fundaciones públicas y centros acreditados con sellos de excelencia como Severo Ochoa o María de Maeztu.

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

La reforma incluye además una modificación específica para el Barcelona Supercomputing Center (BSC), una de las principales infraestructuras científicas europeas en supercomputación e inteligencia artificial. El decreto adapta su forma jurídica para convertirlo en fundación pública y dotarlo de una mayor autonomía de gestión, una medida con la que el Gobierno pretende facilitar su expansión y reforzar su papel en ámbitos como la computación avanzada, la inteligencia artificial y la colaboración con empresas tecnológicas.

(SERVIMEDIA)
21 Nov 2026
EDU/clc/fcm