En el banquillo de los acusados se sientan el general de la Guardia Civil Enrique Rodríuez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, así como el capitán Angel Vaquero. También serán juzgados el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el abogado Jorge Argote.

Los acusados tendrán que enfrentarse a un juicio que se calcula durará dos meses, en el que deberán defenderse de las acusaciones de pertenencia a banda armada, detención ilegal, asesinato y lesiones, excepto Argote y Vera, queestán acusados de encubrimiento.

Entre los testigos que prestarán declaración se encuentran el ex ministro del Interior José Luis Corcuera y el de Defensa Julián García Vargas, así como Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior.

También declararán el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, el ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano, el ex coronel y ex jefe de la Agrupación Operativa del mismo organismo Juan Alberto Perote y el ex director general de la Seguridad Julin Sancristóbal.

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos solicita un total de 92 años de prisión para Rodríguez Galindo, a quien acusa de un delito de pertenencia a banda armada, dos de detención ilegal, otros dos de asesinato y otros dos de lesiones graves, de los que también considera culpable a Elgorriaga, Dorado, Bayo y Vaquero.

El fiscal solicita para Elgorriaga otros 92 años de prisión, mientras que para Dorado, Bayo y Vaquero pide un total de 90 años de cárcel para cada uno de ellos Asimismo, acusa de un delito de encubrimiento a los otros dos procesados en el "caso Lasa-Zabala", Argote y Vera, para los que pide dos años de prisión.

El fiscal pide también que Rodríguez Galindo, Elgorriaga, Vaquero, Dorado y Bayo indemnicen solidariamente a las familias de cada una de las víctimas con 25 millones de pesetas, cantidad a la que deberá hacer frente el Estado como responsable civil subsidiario.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera probado que, siguieno órdenes de Rodríguez Galindo y Angel Vaquero, los entonces guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo secuestraron en Bayona a Lasa y Zabala, para llevarles a Intxaurrondo (Guipúzcoa) y torturarles durante los interrogatorios, que duraron tres días.

Según el fiscal, ante el lamentable estado físico de los dos jóvenes a causa de las torturas, Rodríguez Galindo decidió que fueran trasladados a Alicante, donde se les haría desaparecer.