Siempre según esta información, esas amenazas tiene como objetivo impedir que los encargados del asunto profundicen en sus investigaciones y "desvelen lo ocurrido".

En concreto, De Federico ha recibido llamadas telefónicas, mensajes escritos e incluso "personalmente e le ha insinuado la conveniencia de que no indague excesivamente en el caso ya que se está haciendo una investigación exhaustiva de su vida, que podría ser empleada en su contra en caso de que fuese necesario".

Las pesquisas del equipo que dirige este comisario (el otro lo comanda el general de la Benemérita Francisco Fuentes) llevaron desde un principio hacia guardias civiles destinados en el cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa) como posibles sospechosos.

Esta investigación fue abierta por el Miisterio de Justicia e Interior a raíz de un informe de la Policía Judicial y otro del forense, que identificó dos esqueletos hallados en 1985 en Busot (Alicante) como los de Lasa y Zabala.

Según el informe policial, ambos etarras "fueron torturados despiadada y prolongadamente" antes de ser asesinados a golpes y rematados con un tiro en la nuca.