Santos considera que tanto Galindo y Elgorriaga, como los ex policías Angel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo, forman parte de un grupo de "sujetos organizados" cuya intención es "efectuar acciones delictivas en el sur de Francia", por lo que les acusa del delito de colaboración con banda armada.

El fiscal basa su petición en el examen minucioso de las declaraciones del ex agente de Intxaurrondo Felipe Bayo, quien, en agosto de 1997, decidió cambiar el sentidode sus anteriores comparecencias e imputar a sus superiores como supuestos autores de la detención de Lasa y Zabala.

Santos considera que, dada la condición de imputado de Bayo, sus declaraciones deben ser tomadas con "exquisista cautela y cuidado", si bien son válidas para realizar una serie de incidencias procesales, dado que son "prolijas y minuciosas" y además mantienen sus incriminaciones con "firmeza, seguridad y persistencia".

De la declaración de Bayo, el fiscal considera que se puede coroborar la participación en los supuestos hechos delictivos de Rodríguez Galindo y Julen Elgorriaga, mientras que en el caso del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, también imputado en este caso, sólo se puede llegar a "sospechas o conjeturas", si bien las declaraciones le colocan como "no sólo conocedor de lo que estaba sucediendo, sino como la persona que da el visto bueno".

Sobre los policías Alba Coca y Fidel de Hoyo se considera que ambos recibían órdenes del capitán Vaquero. A os primeros no les supone un cambio en su situación procesal, pero sí a Vaquero, para quien también solicita el fiscal su procesamiento por pertenencia a banda armada.

SUMARIOS "MAREY" Y "OÑAEDERRA"

El fiscal analiza el aspecto de competencia de la Audiencia Nacional para instruir estos hechos que, en principio, ante la aplicación de los delitos de detención ilegal y asesinato, no serían competencia de este organismo.

Recurre entonces a la comparación de este sumario con otros abiertos por la Jsticia, concretamente los denominados "caso Marey" y "caso Oñaederra", en los que también aparecen como imputados los protagonistas del sumario Lasa-Zabala.

En referencia al "caso Marey", el fiscal alude a la reciente decisión del Tribunal Supremo de mantener todos los delitos de los que se acusa a José Barrionuevo y Rafael Vera, entre otros, para poder estudiarlos durante la vista oral y considerar así todo el sumario en su conjunto.

Sobre el "caso Oñaederra", el fiscal apunta que en este sumari se da cuenta de la existencia del llamado "Gal Verde", y se cita como instigadores de este grupo a "gran parte de los sujetos que en el presente sumario se encuentran procesados".

De esta comparación, el fiscal desprende datos que indican la existencia de un delito de pertenencia a banda armada, en el que pide el procesamiento de Rodríguez Galindo, Julen Elgorriaga y los ex policías Angel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo.

Finalmente, el fiscal decide, en contestación a una cuestin planteada por la defensa del general Emilio Alonso Manglano, ex directo del CESID, apartar de este sumario a algunos de los que han aparecido como imputados.

Por ello el fiscal pide que se aparte del caso al propio general Manglano, al ex coronel Juan Alberto Perote, al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, al sargento de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto y a los polícias Fidel del Hoyo, Alba Coca, Sandoval y Davo, entre otros.