"Una vez hecho el diagnótico, hay que poner los medios necesarios para prestar el servicio público de justicia que los ciudadanos tienen derecho a exigir", agregó Torres en declaraciones a RNE.

Tras reconocer también que la Justicia española es lenta, el fiscal general del Estado advirtió: "En la medida en que esa lentitud llegue a ser excesiva, cosa que, por otra parte, prohíbe la Constitución, que tiene un mandato expreso de impartir justicia sin dilaciones indebidas, ese retraso se puede convertir en una denegación de jusicia".

A su juicio, la crisis que atraviesa la administración de justicia en nuestro País se concreta fundamentalmente en "la dilación indebida de los procesos", y la solución sería reformar el proceso para adaptarlo a las necesidades de un Estado moderno del siglo XXI.

Por lo que se refiere al documento del Consejo General del Poder Judicial saliendo al paso de las críticas formuladas contra los jueces, en especial por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, Leopoldo Torres dijo que no lo ntiende "como una regañina o una admonición a ciertos responsables políticos (...), sino como una lección de pedagogía democrática, siempre útil, dirigida a toda la sociedad y, por supuesto, a los poderes públicos, sobre el papel del Poder Judicial en un Estado de derecho".

En opinión del fiscal general, las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo son "algo normal" en todo Estado de derecho, "donde uno de los poderes tiene por función controlar al otro o a los otros poderes".

"En el ejericio de la libertad de expresión no hay que confundir lo que es el insulto o la injuria con la libre crítica, aún de la manera más virulenta, pero siempre respetuosa, porque la falta de respeto no añade nada al argumento crítico", agregó. "Yo pienso que lo que hay que evitar son las desmesuras y, por supuesto, la injuria, la calumnia y el insulto".