La primera de las enmiendas transaccionadas precisa el artículo 2 de la proposición, que pasaría a dejar fuera de la amnistía “los actos tipificados como delitos de terrorismo (…) que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (…) siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario.”

La segunda modifica el artículo 4 de la proposición, de forma que “tras la entrada en vigor de esta ley”, la amnistía se aplicará por “el órgano judicial que esté conociendo” y “acordará el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares de naturaleza personal o real que hubieran sido adoptadas”.