CEAPA alega que los artículos 78.1 y 82 de la LOCE eliminan atribuciones como la elección del director, la decisión sobre la admisión de alumnos y el establecimiento de directrices para la elaboración del proyecto educativo del centro.

La confederación señala que la norma "limita profundamente la capacidad de decisión" de las familias, a las que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 respaldó en su derecho a una intervenión efectiva en la gestión y control de los centros públicos.