El ministro de Asuntes Exteriores, Abel Matutes, defendió la propuesta del Ejecutivo por entender que recoge los puntos de vista de las organizaciones e instituciones implicadas en la cooperación internacional, aunque puntualizó que se trata de una "norma marco" con posibilidad de "desarrollo legislativo".

Matutes aseguróque si se aprueba esta Ley se fomentará tanto la ayuda exterior como la presencia de España en el ámbito internacional, y subrayó que en los últimos veinte años España ha pasado de ser un receptor de ayuda a convertirse en un "importante donante".

En contra de las críticas vertidas contra el proyecto, el ministro aseguró que se refuerzan las competencias atribuídas al Parlamento en temas de desarrollo y que además recoge el espíritu de una proposición no de Ley aprobada el pasado año relativa al llamao "comercio justo".

En nombre del Grupo Socialista, el diputado Francisco Fuentes criticó el proyecto gubernamental por confundir la ayuda oficial al desarrollo con la cooperación internacional, a la que somete a la primera, "pasando de puntillas" por el papel que debe tener la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) como principal gestor de esta política.

CLAUSULA DEMOCRATICA

Frente al proyecto del Ejecutivo, Fuentes aseguró que el texto alternativo del Grupo Socialista amplía la cláusula democrática" pero dando competencias al Parlamento, para que la paralización de ayudas a un país cuando éste no se considere democrático no dependa sólo del Ejecutivo, y no se repita, afirmó dirigiéndose al Gobierno, "lo que ustedes han hecho con Cuba".

En este sentido se expresó posteriormente el diputado del BNG Francisco Rodríguez, integrado en el Grupo Mixto, al asegurar que dejar el criterio de aplicación de la "cláusula democrática" exclusivamente al Gobierno "va a empañar peligrosament" el concepto de ayuda al desarrollo.

El diputado socialista subrayó que en el texto alternativo del Grupo Socialista se contempla el voluntariado, "que no tiene nada que ver con los objetores de conciencia", y suprime la "coletilla" introducida por el Gobierno de "ONG's de reconocido prestigio".

A su juicio, la ayuda a la cooperación está relacionada con la política exterior, "pero no puede estar totalmente sometida a ella", y sostuvo que con una cooperación al desarrollo más justa, serán tambié más justas las relaciones internacionales.

"VICIADA DE ORIGEN"

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida José Navas defendió la enmienda de totalidad de su coalición y reiteró que el objetivo principal del proyecto del Gobierno no es fomentar la ayuda al desarrollo, sino la defensa de los intereses de España en el exterior, por lo que la ley está "viciada de origen".

Para Navas, la prueba del objetivo que persigue este proyecto es el hecho de que los créditos dependan del Ministerio de Econmía, e insistió en que el "retorno" de los fondos es "negocio, no cooperación".

Además, acusó al Gobierno de pretender dejar al Parlamento sin competencias en los temas de desarrollo, y querer dejarlo como un mero órgano de "discusión" sin posibilidad de introducir "mecanismos rectores". "Se puede discutir, pero no se puede enmendar", añadió.

En nombre de Iniciativa per Catalunya-Els Verds, Joan Saura celebró que "por fin" se tramite una ley sobre desarrollo, pero lamentó que se haga sin el conseso necesario y que la mayoría sea suficiente.

Saura reiteró que el reto debe ser definir claramente el objetivo, que es erradicar la pobreza, y que a partir de ahí se planteen las iniciativas. Para conseguirlo, dijo, estas políticas deben estar coordinadas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, que debería llamarse "Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación".

"MEJORABLE"

A pesar de votar en contra de las enmiendas de totalidad, el diputado de CiU Lluis Recoder aseguró que la ley es "meorable" en su tramitación parlamentaria posterior y destacó que debe quedar "muy clara" la diferencia de principios entre la política exterior y la cooperación al desarrollo.

En este sentido, Recoder consideró que algunos preceptos del proyecto "pecan de confusos", señaló que "hay que definir mejor" algunos puntos, como el estatuto del cooperante, y reiteró que el objetivo primordial es la erradicación de la pobreza.

Por parte del PNV, Carlos Caballero consideró que el proyecto debe ser "significtivamente modificado porque no resuelve" algunos de los problemas fundamentales del problema, como la definición del objetivo.

En la misma línea se manifestó, en nombre de Coalición Canaria, Jesús Gómez, que mostró su confianza en que la ley se complete en la comisión correspondiente, ya que necesita "más profundidad" y plasmar mejor el papel de las comunidades autónomas en la política de desarrollo.

Todas estas críticas fueron rebatidas por el diputado del Grupo Popular Pablo Izquierdo, al consierar que los grupos que presentaron enmiendas de totalidad defendieron cosas que ya están en el proyecto del Gobierno.

Izquierdo acusó al Grupo Socialista de presentar una enmienda a la totalidad del proyecto del Ejecutivo cuando los gobiernos del PSOE no han llevado al Parlamento una ley de cooperación en todos los años transcurridos desde que España dejó de ser receptora de esta ayuda.

Respecto a las críticas por la utilización de los créditos de ayuda al desarrollo, Pablo Izquierdo señaló que stos no dependen de España, sino de la OCDE, y rebatió las acusaciones del Grupo Socialista sobre la reducción de las inversiones en cooperación del Gobierno del Partido Popular.

El diputado popular se mostró partidario de completar el proyecto del Ejecutivo en la ponencia y la comisión correspondiente con el consenso de los grupos. "Ya es hora de que la solidaridad tenga rango de ley", concluyó.